Listo el proyecto para regular el uso del agua

El uso de los recursos hídricos será uno los temas fundamentales que regulará la Ley de Aguas, que al momento está en proyecto.

La iniciativa será presentada la próxima semana a la Comisión Legislativa. Hay objeciones de usuarios.

Antecedentes

En 1966 se promulgó la Ley del Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI), que reemplazó a la Caja Nacional de Riego.

En 1972 se aprobó la Ley de Aguas que estableció que los recursos hídricos son bienes nacionales de uso público.

El 12 de noviembre de 2007 se crea el Instituto Nacional de Riego (INAR), aunque recién en mayo de 2008, adquirió capacidad desconcetrada.

En el transcurso de la próxima semana, el Ejecutivo remitirá a la Comisión Legislativa y de Fiscalización el proyecto de Ley de Aguas para la gestión y uso de los recursos hídricos del país.

Según la comisionada Aminta Buenaño, inmediatamente se abrirá una etapa de diez días para receptar observaciones, tras lo cual pasará a primer debate. Posteriormente vendrán otros diez días antes de proceder a su redacción final que será aprobada en segundo debate.

En otras palabras, en aproximadamente un mes el país tendrá un marco legal para este recurso. 

Así se dará cumplimiento al numeral dos de la primera disposición transitoria constitucional que fija un plazo de 360 días para la aprobación de una ley “que regule los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, que incluirá los permisos de uso y aprovechamiento, actuales y futuros, sus plazos, condiciones, mecanismos de revisión y auditoría, para asegurar la formalización y la distribución equitativa de este patrimonio”.

El país dispone de un potencial hídrico de 147 mil millones de metros cúbicos que se traduce en la disponibilidad anual de agua por habitante de 22.500 metros cúbicos.

Por esto, su manejo no ha estado exento de corrupción y reparto del poder.  Es así que se mantienen más de 40 mil disputas por el uso del recurso en el país. En unos casos son empresas contra comunidades y en otros el conflicto es entre las propias comunidades.

También existe un tema de propiedad sobre el agua que tiene una larga historia: de las 57 mil concesiones que hay en el país, un alto porcentaje no se encuentra registrado. Por ejemplo, en la Costa solo el 5% consta en papeles.

Y se encuentra el asunto de la distribución del recurso. Los dirigentes de las Juntas de Agua consideran que la desigualdad en el reparto del recurso es radical.

Un texto del Foro de Recursos Hídricos señala que “la población campesina e indígena que cuenta con sistemas comunales de riego representa el 86% de los usuarios. Sin embargo, solo tienen el 22% del área regada y acceden al 13% del caudal, en tanto que el sector privado, que representa el 1% de las unidades productivas, concentra el 67% del caudal”. 

Sin embargo, la elaboración de la Ley no está libre de críticas. Dennis García, coordinador del Foro de Recursos Hídricos de Pichincha, señala que el proyecto adolece de tres grandes vacíos. 

El primero: no contempla la participación efectiva sino que la reduce a solo niveles de consulta. La segunda: la participación social tampoco es parte la elaboración de los organismos de cuenca, que serán los encargados de gestionar el manejo del agua. 

Y la tercera: que en la Ley no queda claro la función de la autoridad única del agua ni de los organismos que hasta ahora funcionan en varios ministerios y que buscan mantener de alguna forma esos espacios, manifestó.

Por todo esto, la organización social aseguró que presentará sus observaciones durante el tiempo previsto por la Comisión Legislativa.

Adicionalmente, el debate sobre el marco legal del agua tomó un nuevo giro. Durante el acto de presentación del Reglamento para las Organizaciones de Usuarios de los Sistemas de Riego por parte del Instituto Nacional del Riego (INAR), el director jurídico de esta entidad, Washington Barragán, aseguró que una vez que se publique en el Registro Oficial la nueva Ley de Aguas empezará el debate sobre una ley de riego.

“Conversamos con Jorge Jurado (secretario nacional del Agua) el otro día y él señaló que sería muy importante dejar sentada la necesidad de la ley de riego en una de las disposiciones del proyecto que se enviará la próxima semana”, manifestó Barragán. 

La mañana de ayer también se realizó la presentación del nuevo director del INAR, Verdi Zambrano Limongi.

Hay US$ 176 millones para el INAR

El Instituto Nacional de Riego (INAR) tiene un plan de inversión de 176’012.842 dólares para el presente año. Con este monto de dinero, la entidad pretende ejecutar proyectos de rehabilitación y terminación de obras, estudios y capacitación.

En el primer cuatrimestre del año, el INAR ha ejecutado 58,67 millones de dólares. Del total de inversiones, las regionales norte y sur, más las provincias de Chimborazo, Azuay y Cañar, captarán la mayor cantidad de dinero, pues concentran más de 140 millones de dólares.

Según la Dirección Ejecutiva del INAR, desde abril de 2008 hasta mayo del presente año había 470 proyectos contratados por un monto de 137,61 millones de dólares.

Y durante ese periodo se dotó o se rehabilitaron sistemas de riego para 191.246 hectáreas, lo que benefició a más de 200 mil familias.

Durante el 2008, la regional norte, que comprende las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha y Esmeraldas, tuvo el mayor número de proyectos, pues ejecutó 140 obras que permitieron dotar con riego a 68.342 hectáreas. (FLF)

Carlos Villacís

cvillacis@telegrafo.com.ec

Periodista - Redacción Quito

http://www.telegrafo.com.

Listo el proyecto para regular el uso del agua

FOTO: ARCHIVO / El Telégrafo

El uso de los recursos hídricos será uno los temas fundamentales que regulará la Ley de Aguas, que al momento está en proyecto.

La iniciativa será presentada la próxima semana a la Comisión Legislativa. Hay objeciones de usuarios.

Antecedentes

En 1966 se promulgó la Ley del Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI), que reemplazó a la Caja Nacional de Riego.

En 1972 se aprobó la Ley de Aguas que estableció que los recursos hídricos son bienes nacionales de uso público.

El 12 de noviembre de 2007 se crea el Instituto Nacional de Riego (INAR), aunque recién en mayo de 2008, adquirió capacidad desconcetrada.

En el transcurso de la próxima semana, el Ejecutivo remitirá a la Comisión Legislativa y de Fiscalización el proyecto de Ley de Aguas para la gestión y uso de los recursos hídricos del país.

Según la comisionada Aminta Buenaño, inmediatamente se abrirá una etapa de diez días para receptar observaciones, tras lo cual pasará a primer debate. Posteriormente vendrán otros diez días antes de proceder a su redacción final que será aprobada en segundo debate.

En otras palabras, en aproximadamente un mes el país tendrá un marco legal para este recurso. 

Así se dará cumplimiento al numeral dos de la primera disposición transitoria constitucional que fija un plazo de 360 días para la aprobación de una ley “que regule los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, que incluirá los permisos de uso y aprovechamiento, actuales y futuros, sus plazos, condiciones, mecanismos de revisión y auditoría, para asegurar la formalización y la distribución equitativa de este patrimonio”.

El país dispone de un potencial hídrico de 147 mil millones de metros cúbicos que se traduce en la disponibilidad anual de agua por habitante de 22.500 metros cúbicos.

Por esto, su manejo no ha estado exento de corrupción y reparto del poder.  Es así que se mantienen más de 40 mil disputas por el uso del recurso en el país. En unos casos son empresas contra comunidades y en otros el conflicto es entre las propias comunidades.

También existe un tema de propiedad sobre el agua que tiene una larga historia: de las 57 mil concesiones que hay en el país, un alto porcentaje no se encuentra registrado. Por ejemplo, en la Costa solo el 5% consta en papeles.

Y se encuentra el asunto de la distribución del recurso. Los dirigentes de las Juntas de Agua consideran que la desigualdad en el reparto del recurso es radical.

Un texto del Foro de Recursos Hídricos señala que “la población campesina e indígena que cuenta con sistemas comunales de riego representa el 86% de los usuarios. Sin embargo, solo tienen el 22% del área regada y acceden al 13% del caudal, en tanto que el sector privado, que representa el 1% de las unidades productivas, concentra el 67% del caudal”. 

Sin embargo, la elaboración de la Ley no está libre de críticas. Dennis García, coordinador del Foro de Recursos Hídricos de Pichincha, señala que el proyecto adolece de tres grandes vacíos. 

El primero: no contempla la participación efectiva sino que la reduce a solo niveles de consulta. La segunda: la participación social tampoco es parte la elaboración de los organismos de cuenca, que serán los encargados de gestionar el manejo del agua. 

Y la tercera: que en la Ley no queda claro la función de la autoridad única del agua ni de los organismos que hasta ahora funcionan en varios ministerios y que buscan mantener de alguna forma esos espacios, manifestó.

Por todo esto, la organización social aseguró que presentará sus observaciones durante el tiempo previsto por la Comisión Legislativa.

Adicionalmente, el debate sobre el marco legal del agua tomó un nuevo giro. Durante el acto de presentación del Reglamento para las Organizaciones de Usuarios de los Sistemas de Riego por parte del Instituto Nacional del Riego (INAR), el director jurídico de esta entidad, Washington Barragán, aseguró que una vez que se publique en el Registro Oficial la nueva Ley de Aguas empezará el debate sobre una ley de riego.

“Conversamos con Jorge Jurado (secretario nacional del Agua) el otro día y él señaló que sería muy importante dejar sentada la necesidad de la ley de riego en una de las disposiciones del proyecto que se enviará la próxima semana”, manifestó Barragán. 

La mañana de ayer también se realizó la presentación del nuevo director del INAR, Verdi Zambrano Limongi.

Hay US$ 176 millones para el INAR

El Instituto Nacional de Riego (INAR) tiene un plan de inversión de 176’012.842 dólares para el presente año. Con este monto de dinero, la entidad pretende ejecutar proyectos de rehabilitación y terminación de obras, estudios y capacitación.

En el primer cuatrimestre del año, el INAR ha ejecutado 58,67 millones de dólares. Del total de inversiones, las regionales norte y sur, más las provincias de Chimborazo, Azuay y Cañar, captarán la mayor cantidad de dinero, pues concentran más de 140 millones de dólares.

Según la Dirección Ejecutiva del INAR, desde abril de 2008 hasta mayo del presente año había 470 proyectos contratados por un monto de 137,61 millones de dólares.

Y durante ese periodo se dotó o se rehabilitaron sistemas de riego para 191.246 hectáreas, lo que benefició a más de 200 mil familias.

Durante el 2008, la regional norte, que comprende las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha y Esmeraldas, tuvo el mayor número de proyectos, pues ejecutó 140 obras que permitieron dotar con riego a 68.342 hectáreas. (FLF)

Carlos Villacís

cvillacis@telegrafo.com.ec

Periodista - Redacción Quito

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