Colombia: campaña por la consagración 

del derecho al agua

Dom 05/04/2009 - 14:47

Por: 

http://ecofondo.org

LOS ARGUMENTOS DEL REFERENDO DEL AGUA

1.- Derecho al agua

El derecho humano fundamental al agua potable no esta establecido en la Constitución colombiana. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que hace parte del bloque de constitucionalidad colombiano, no contempla explícitamente este derecho, es la Observación 15 de 2003 del comité encargado de interpretar el pacto, la que ha indicado que tal derecho esta implícitamente en el derecho a la vida digna, que sí consagra expresamente el mencionado instrumento. La observación en comento, a pesar de su importancia, solo tiene el alcance de “un criterio válido de interpretación de los derechos definidos en el pacto”, tal y como lo señala la Corte Constitucional en su Sentencia T 270 de 2007. Por consiguiente es pertinente nuestra propuesta de incluir este derecho.

El derecho humano fundamental al agua potable tiene que ser consagrado en el Capítulo I del Título II de la Constitución pues la Corte Constitucional ya le ha reconocido este carácter en numerosas sentencias, señalando: “…el agua potable constituye un derecho constitucional fundamental cuando esta destinada al consumo humano pues es indispensable para la vida”. ( T- 410 d e 2003).

Las acciones de tutela para que se garantice el derecho en cuestión, son hoy en día muy numerosas y tanto los Jueces como la Corte Constitucional han otorgado la tutela a quienes demuestran incapacidad económica de pagar los recibos. El incremento de las tutelas lo producen las altas tarifas consustanciales al sistema actual y no el reconocimiento del derecho. Impedir que este se exija por las vías legales obligará a un millón seiscientas mil personas, privadas en promedio anualmente del agua, por no poder pagar las facturas a acudir a las vías de hecho.

2.- La Realidad del Sistema Actual y el Aporte del Sector Privado

Con las reformas implementadas al sector desde 1994, se inició la aplicación de una metodología tarifaria que busca garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas, recuperando los costos de administración, operación e inversión y permitiendo altas tasas de retorno al capital. Gracias a ello, los inversionistas logran hoy un 8% de rentabilidad sobre activos, un 40% de margen operacional y una liquidez de 3.3.

Así, los recursos públicos (70%) y los recursos ciudadanos (30%) continúan soportando las inversiones necesarias para mejorar la cobertura y la calidad del sistema, mientras que los inversionistas privados se benefician del usufructo de la infraestructura estatal cobrando altas tarifas1 y obteniendo elevadas rentabilidades, sin mayor contraprestación2.

No se puede entonces afirmar que la entrada de empresas privadas en las grandes ciudades y capitales departamentales sea la responsable de los aumentos en cobertura, por el contrario, es claro que los inversionistas han llegado a las ciudades en donde el Estado ha hecho mayor esfuerzo e inversión, para obtener así mayores rentabilidades.

Es innegable que aún persisten problemas serios de cobertura y calidad en muchos municipios del país, que afectan además en mayor proporción al sector rural, generados tanto por escasez de recursos como por fallas en la gestión. Sin embargo, la solución no está en la política de Planes Departamentales de Agua, que únicamente busca consolidar el modelo actual en donde el Estado financia las inversiones y los operadores privados se apropian de las rentabilidades, a costa de la población más pobre del país. Dichos planes pretenden corregir las carencias con el mismo modelo que no podido curarlas.

3.- El Costo del Mínimo Vital Gratuito

De acuerdo con los cálculos del CNDAV3, con el modelo tarifario aplicado actualmente, el costo del mínimo vital gratuito de agua oscilaría entre $400 y $700 mil millones4, cifras inferiores en un 73% y 53% al costo de $1.5 billones estimado por la SSPD.

En efecto, los cálculos de la SSPD sobrestiman artificialmente el costo al incluir el servicio de alcantarillado en el cálculo, y no únicamente el de acueducto como lo plantea el CNDAV; igualmente, la SSPD estima el costo de un mínimo de 16 m3 al mes por hogar, prácticamente la totalidad del consumo actual, mientras que el CNDAV utiliza los referentes mundiales que establecen un mínimo vital entre 6 y 10 m3.

El esquema actual de subsidios cruzados de ninguna manera equivale a un mínimo gratuito, dado que el usuario debe pagar la factura resultante después de aplicar el subsidio, independientemente de si desea consumir 2, 6 o 10 m3, algo imposible para muchos hogares de ingresos bajos, dadas las altas tarifas aplicadas. Por ello existen cerca de 400 mil suscriptores (1.6 millones de personas) desconectados al año en todo el país.

El costo de la propuesta no implica un déficit adicional para el sistema ni sacrifica recursos necesarios para la expansión de coberturas. Por el contrario, a diferencia del esquema actual de subsidios que está totalmente desfinanciado ($800 mil millones en el 2007), el CNDAV plantea financiar el mínimo vital con nuevos recursos para el sector, como los rendimientos financieros generados por la liquidez del negocio, algún porcentaje de la libre destinación municipal del SGP y soportes alternos como Regalías de la Nación. El cumplimento puede ser paulatino y en el presente ese costo equivale a 1/60 del servicio de deuda, 1/40 de los gastos de seguridad y de 1/125 del “gasto social” total.

1.El Uso Racional del Agua

Para el CNDAV, el uso racional del agua no se logra cobrando tarifas elevadas a la población de ingresos bajos afectando la satisfacción de sus necesidades vitales, desconociendo que en Colombia los mayores consumos de agua los realizan las actividades agropecuarias (64%), seguido del sector industrial (12%) y del residencial (11%).5 Adicionalmente, teniendo en cuenta que son los estratos altos los que realizan los mayores consumos en el sector residencial6, podría pensarse en establecer nuevas escalas de tarifas penando el consumo suntuario, sin olvidarse de la importancia y eficacia de medidas educativas para racionalizar el consumo.

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